El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha indemnizado con un millón de euros a un paciente que durante una intervención por un aneurisma de aorta abdominal practicada en el Hospital General Universitario de Ciudad Real sufrió una lesión medular asimilable a una paraplejia.

La asociación 'El Defensor del Paciente' ha informado en un comunicado de que el perjudicado ya ha recibido la indemnización, tras la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Toledo a finales de 2025 en la que se reconocía la responsabilidad patrimonial de la administración por la asistencia sanitaria prestada con ocasión de una intervención quirúrgica para el tratamiento de un aneurisma de aorta abdominal, informa la Agencia EFE.

Los hechos ocurrieron el 28 de noviembre de 2013 cuando el paciente, de 71 años en aquel momento, acudió al Hospital General Universitario de Ciudad Real para ser intervenido de un aneurisma de aorta abdominal.

Tras la cirugía se constató que el hombre había sufrido una lesión medular isquémica de extrema gravedad, una lesión tipo cola de caballo completa asimilable a una paraplejia, con pérdida de movilidad en las piernas, ausencia de control de esfínteres y vejiga y pérdida de sensibilidad desde la zona dorsal.

La sentencia ha considerado acreditado que los servicios médicos decidieron unilateralmente practicar la intervención con cirugía clásica y el paciente no fue informado de la posible alternativa terapéutica de endoprótesis endovascular, técnica menos invasiva y con menos riesgos que ni tan siquiera consta que se estudiase.

El juzgado ha destacado que aunque la elección de la técnica quirúrgica corresponde a los facultativos, el paciente debía haber sido informado de las alternativas disponibles para poder prestar un consentimiento verdaderamente informado.

Asimismo, la sentencia ha puesto de manifiesto la existencia de diversas deficiencias intraquirúrgicas relevantes en el resultado lesivo, entre ellas una situación de hipotensión mantenida durante prácticamente toda la intervención así como una deficiente asistencia cuando se detectaron los primeros síntomas.

La sentencia también ha criticado la falta de aportación del protocolo quirúrgico completo, documento esencial para reconstruir con precisión lo ocurrido durante la intervención y ha censurado la actuación administrativa del Sescam por no haber dictado resolución expresa a la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada en 2014, y ha mantenido durante años una situación de silencio administrativo incumpliendo su obligación de resolver.

Tras la sentencia, dictada en julio de 2025, la aseguradora del Sescam y el afectado, asistido por la asociación 'El Defensor del Paciente', han acordado una indemnización de un millón de euros.