La tensión entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Transportes suma un nuevo capítulo judicial. El Gobierno regional ha presentado ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por no haber atendido el requerimiento formal enviado por el Ejecutivo autonómico para convocar la Conferencia Sectorial de Transportes.

El anuncio lo realizó este viernes el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, quien denunció públicamente que ya se han cumplido 30 días desde el envío del requerimiento oficial sin que el Ministerio haya respondido ni fijado una reunión.

"La Comunidad de Madrid defenderá un transporte digno y exigirá que el ministerio cumpla la ley", afirmó Rodrigo a través de un vídeo difundido en sus redes sociales, donde cargó duramente contra la gestión del ministro.

El Ejecutivo madrileño sostiene que la falta de convocatoria de este órgano supone un incumplimiento de las obligaciones legales previstas en la normativa vigente y dificulta la coordinación entre administraciones en cuestiones clave relacionadas con la movilidad y el transporte público.

Desde el Gobierno regional consideran especialmente grave que la Conferencia Sectorial de Transportes lleve más de tres años sin reunirse, una situación que, según defienden, perjudica directamente a millones de usuarios del transporte público.

Rodrigo acusó además a Óscar Puente de mantener una actitud de "abandono institucional" y criticó el funcionamiento del sistema ferroviario y de cercanías en la región. "No podemos consentir el abandono ferroviario y el abandono de millones de madrileños que cada mañana llegan tarde a su puesto de trabajo", señaló.

El consejero fue especialmente duro con el ministro al asegurar que "gestionar no es escribir tuits ni buscar titulares", y le reprochó ignorar a las comunidades autónomas y despreciar los mecanismos de cooperación institucional.

"La política no consiste en insultar desde redes sociales, consiste en gestionar, coordinar y dar soluciones", añadió Rodrigo, justificando así la decisión de acudir a los tribunales "como corresponde en un Estado de derecho".

El conflicto abre ahora una nueva vía judicial entre ambas administraciones en un contexto de creciente enfrentamiento político sobre la gestión del transporte ferroviario y las infraestructuras en la Comunidad de Madrid, especialmente tras las reiteradas incidencias registradas en la red de Cercanías durante los últimos meses.