La investigación judicial sobre el accidente ferroviario registrado en Adamuz ha dado un nuevo giro tras el hallazgo de 42 metros de vía retirados sin autorización judicial, según fuentes cercanas al caso. La instructora del juzgado de Montoro, Cristina Pastor, ha ordenado su inmediato precinto y custodia.

La decisión llega después de una inspección ocular realizada recientemente en el tramo donde tuvo lugar el siniestro. Durante esta actuación, se detectó la existencia de este material que no había sido comunicado previamente al juzgado, a diferencia de otros 36 metros de carril cuya retirada sí constaba en la causa, al estar vinculados a trabajos de mantenimiento notificados con anterioridad.

Ambos tramos de vía han sido trasladados a dependencias de Adif en Hornachuelos, donde permanecerán precintados y bajo custodia judicial. La magistrada ha subrayado que no se podrá realizar ninguna prueba sobre estos restos hasta que se designen peritos, con el objetivo de preservar su valor probatorio.

En su resolución, la jueza apercibe a Adif como responsable del depósito del material, recordando que debe garantizar su conservación y disponibilidad, bajo posibles responsabilidades legales en caso de incumplimiento.

El hallazgo de estos 42 metros de vía no declarados introduce nuevos elementos en la investigación, que trata de esclarecer las causas del accidente. La diferencia entre el material comunicado y el no notificado centra ahora parte de la atención judicial. El caso pone el foco en la gestión de las infraestructuras ferroviarias y en los protocolos de actuación tras un incidente, aspectos que serán determinantes en el desarrollo de la instrucción. Mientras continúan las diligencias, este episodio evidencia la importancia de la coordinación entre organismos técnicos y judiciales en situaciones de este tipo. La evolución del caso marcará los próximos pasos para determinar posibles responsabilidades en el accidente.

Hay que recordar que hoy mismo, la Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid ha abierto una investigación por posible fraude en la gestión de los fondos de la Unión Europea (UE) destinados al mantenimiento del tramo de alta velocidad Madrid-Sevilla que pasa por la localidad de Adamuz (Córdoba), donde el pasado 18 de enero se produjo un accidente ferroviario en el que fallecieron 46 personas.