El último borrador de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencias (LESUC) de la Comunidad de Madrid ha reavivado el malestar en el ámbito académico. Aunque el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha introducido algunas modificaciones tras reunirse con los rectores de las seis universidades públicas, la comunidad universitaria considera que las concesiones son "insuficientes" y mantiene la movilización ante lo que interpretan como riesgos para la autonomía y los derechos fundamentales.

El documento actualizado, fechado el 28 de noviembre, llegó a los rectorados tras una huelga de dos días con un seguimiento medio cercano al 70% y una multitudinaria manifestación de más de 6.500 personas que exigieron un incremento real de la financiación universitaria. Según fuentes académicas, el borrador apenas introduce cambios relevantes respecto a la versión del 7 de octubre, y los rectores disponen hasta este viernes para presentar alegaciones.

La LESUC mantiene su planteamiento de regular de forma conjunta todas las enseñanzas superiores —universitarias, artísticas y de FP—, sin modificar el enfoque inicial que sitúa a instituciones públicas y privadas "al mismo nivel", una equiparación que causa inquietud entre los rectores. El texto contempla, además, la impartición conjunta de doctorados, el reconocimiento mutuo de créditos y la apertura de instalaciones universitarias a todos los centros superiores.

En materia de financiación, el Gobierno regional ha eliminado la exigencia de que las universidades obtengan un 30% de sus recursos de fuentes ajenas a la Comunidad de Madrid. Sin embargo, mantiene el compromiso de incrementar progresivamente los ingresos propios, permitiendo la creación de fondos de inversión, patrocinios y mecenazgos. Asimismo, desaparece la prevista Oficina de Control Económico y Presupuestario, dejando el control interno en manos de las propias universidades.

Otro de los puntos más controvertidos es la composición de los Consejos Sociales, donde el Ejecutivo autonómico conserva el control mayoritario: ocho miembros externos —designados por el consejero de Educación y la Asamblea— frente a cuatro representantes universitarios. También en la Comisión de Coordinación Universitaria las universidades privadas ganan peso, pasando de tres a cuatro representantes.

RÉGIMEN SANCIONADOR 

El apartado que más preocupación genera en la comunidad universitaria es el régimen sancionador, ahora rebautizado como "Supervisión y consecuencias jurídicas de los incumplimientos". Pese al cambio terminológico, el texto mantiene multas de hasta 300.000 euros por infracciones muy graves, hasta 100.000 por graves y entre 300 y 15.000 euros por leves, lo que colectivos universitarios consideran una amenaza para la libertad de expresión y la protesta pacífica en los campus.

Diversas plataformas y docentes de Derecho analizan ya la posible inconstitucionalidad del anteproyecto. Señalan que la LESUC podría vulnerar la autonomía universitaria, amparada por la Constitución, así como derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y asociación. También denuncian que exigir una "gradual renuncia a la financiación pública" contradice el artículo 27 de la Constitución, que garantiza el carácter público del servicio educativo.

A la espera de la versión definitiva de la LESUC, el conflicto entre el Gobierno regional y la comunidad universitaria sigue lejos de resolverse. Las plataformas ya preparan nuevas protestas mientras los rectores afinan sus alegaciones para un texto que, de prosperar, transformará en profundidad la arquitectura del sistema universitario madrileño.