La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, formalizó un protocolo de acción conjunta con los colegios de abogados y procuradores. El objetivo es proporcionar a las víctimas de la ocupación de viviendas, asesoramiento jurídico gratuito a través de letrados. Díaz Ayuso remarcó que, a pesar de las limitaciones de competencia del Ejecutivo autonómico en esta problemática, se compromete a no mostrar indiferencia.

El acuerdo garantizará a los afectados representación procesal por parte de procuradores en los tribunales y atención psicológica en la red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD). Para abordar estas necesidades, el Gobierno regional implementará un nuevo servicio especializado sobre ocupación a través del 012 de Atención al Ciudadano, estableciendo comunicación directa con el 112 Ocupación para una asistencia inmediata a las víctimas.

La jefa del Ejecutivo autonómico hizo hincapié en la importancia de reformar las leyes que dificultan la expulsión inmediata de los ocupas por parte de los jueces, restituyéndoles la capacidad de actuar con urgencia. Afirmó que estos problemas no son inherentes a España ni a su Constitución, sino resultado de la inacción de quienes detentan el poder.

ALTERACIÓN DE LA CONVIVENCIA Y BARRIOS DETERIORADOS

La presidenta madrileña advirtió que detrás de cada denuncia hay historias de propietarios despojados de sus hogares, vecinos con su convivencia alterada y barrios en decadencia. Añadió que muchas de estas viviendas terminan albergando actividades ilegales, como la trata de personas o narcopisos.

En consonancia, el Gobierno madrileño se compromete a ofrecer a los afectados todos los recursos disponibles para recuperar sus viviendas y prevenir la escalada de este problema, subrayando que se trata tanto de delitos como de derechos fundamentales.

Díaz Ayuso resaltó que, desde su inicio en junio de 2022 hasta el 30 de abril del presente año, el teléfono 112 Ocupación ha recibido 4.041 llamadas, con 246 ciudadanos denunciando este delito en su propiedad, logrando evitar o desalojar la vivienda en 44 ocasiones.

El acuerdo fue firmado, además de por la presidenta Díaz Ayuso, por los decanos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón; de Alcalá de Henares, Ángel Llamas, y de Madrid, Alberto García.