Las modificaciones fiscales aprobadas o comunicadas hasta la fecha por las comunidades autónomas reducirán su recaudación en más de 2.300 millones de euros en conjunto entre 2023 y 2028, según una estimación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

De acuerdo con la información facilitada a la entidad por las propias comunidades, la mayor parte de esas medidas afectarán a los ingresos del presente ejercicio, con un impacto negativo de unos 900 millones de euros, y sobre todo del próximo, con una menor recaudación de otros 1.400 millones, aunque también habrá "impactos adicionales en 2025 y 2026".

La AIReF señala que en el caso concreto de las medidas de rebaja fiscal adoptadas en el IRPF, el impacto en las cuentas autonómicas tendrá repercusión no solo en los años y en las cantidades en que se han establecido sino en los siguientes ejercicios y en otras magnitudes, al afectar a la baja a las entregas a cuenta y a la posterior liquidación que efectuará el Estado.

De esta forma, la AIReF eleva a más de 2.800 millones el impacto en las cuentas autonómicas de 2024 por las medidas adoptadas o previstas hasta la fecha en el IRPF, una cantidad que en el global del período de referencia -2023 a 2028- y para el total de tributos se verá compensada por el efecto de otras medidas hasta los más de 2.300 millones antes mencionados.

Destaca asimismo que la regulación y peso de las reformas fiscales es dispar por territorios y que, por ejemplo, Cataluña es la única comunidad que ha regulado reformas tributarias permanentes que, en conjunto, le supondrán un impacto positivo, aunque en Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana algunas medidas permanentes de subida compensan parte del impacto negativo de las reformas de IRPF y Sucesiones y Donaciones.

En la mayoría de las comunidades las medidas permanentes de rebaja fiscal suponen entre un 0,1 y un 0,2% del PIB regional, aunque alcanzan el 0,3% del PIB en Madrid, La Rioja y la Comunidad Valenciana y hasta el 0,5% en Cantabria.

En Canarias, las rebajas fiscales adoptadas en el IRPF tienen todas carácter temporal y en Castilla-La Mancha, Navarra, Murcia y Baleares tienen más peso las medidas de carácter temporal que las permanentes.