La Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 1,5 millones de euros para 2026 destinada a apoyar a los ayuntamientos que cuentan con colegios públicos que escolarizan alumnos procedentes de otros municipios o que imparten enseñanzas de Educación Infantil de 0 a 3 años y Educación Secundaria Obligatoria (ESO). La medida, autorizada este miércoles por el Consejo de Gobierno, permitirá beneficiar a cerca de 70 consistorios madrileños, ayudándoles a asumir los costes adicionales que supone mantener y ampliar los servicios educativos en sus localidades.

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades mantiene un año más esta línea de colaboración económica con los municipios que reciben estudiantes de otras poblaciones, una situación especialmente frecuente en localidades que actúan como referencia educativa para su entorno. En muchos casos, el incremento del número de alumnos obliga a habilitar nuevas aulas, ampliar espacios o reforzar recursos materiales y humanos para garantizar una atención educativa adecuada. La financiación autonómica pretende compensar parte de ese esfuerzo económico que deben asumir los ayuntamientos para mantener el funcionamiento de los centros escolares.

Las ayudas también están dirigidas a los municipios que cuentan con colegios públicos donde se imparte el primer ciclo de Educación Infantil, destinado a niños de hasta tres años, así como a los centros que ofrecen Educación Secundaria Obligatoria (CEIPSO). En el caso de la ESO, la medida tiene un impacto directo en la vida de muchas familias, ya que permite que los estudiantes puedan continuar su formación en su propio municipio sin necesidad de desplazarse diariamente a otras localidades. Además de facilitar la conciliación familiar, esta opción contribuye a reducir la dependencia del transporte escolar y favorece la cohesión territorial en zonas con menor población.

Esta subvención pretende ayudar a cubrir distintos gastos derivados del mantenimiento y funcionamiento de los centros educativos, destacando los costes de limpieza, vigilancia, suministro de agua, electricidad, calefacción y conservación de las instalaciones, partidas que son competencia de los ayuntamientos y que suponen una importante carga económica para las administraciones locales. Según las bases aprobadas por el Ejecutivo regional, los ayuntamientos podrán recibir hasta 250 euros por cada alumno escolarizado incluido en la convocatoria. Asimismo, se contempla una ayuda de hasta 5.000 euros por cada aula adicional que haya sido necesario habilitar para atender el incremento de estudiantes y garantizar su correcta escolarización.