La Comunidad de Madrid ha dado un nuevo paso en su lucha contra las construcciones ilegales en espacios protegidos con el derribo de dos edificaciones levantadas sin autorización en el municipio de Chinchón, dentro del entorno de la Vega del Tajuña. La actuación forma parte del Plan de Inspección y Disciplina Urbanística impulsado por el Gobierno regional para preservar áreas de especial valor ambiental y agrícola.

Los inmuebles demolidos se encontraban en una parcela catalogada como suelo no urbanizable protegido, donde la normativa vigente prohíbe expresamente tanto la construcción de viviendas como la parcelación de terrenos con fines residenciales. La intervención se produjo después de que los responsables incumplieran de forma reiterada las resoluciones administrativas que ordenaban el restablecimiento de la legalidad urbanística.

La zona afectada, tradicionalmente dedicada a cultivos de regadío, ha experimentado en los últimos años un progresivo proceso de degradación asociado al abandono de la actividad agrícola y a la aparición de edificaciones dispersas incompatibles con la protección del territorio. Además, los terrenos presentan problemas derivados de vertidos a cauces públicos, una circunstancia que refuerza las limitaciones urbanísticas existentes.

Paralelamente, los servicios de inspección de la Comunidad han detectado en este mismo entorno una parcelación ilegal de 25 subparcelas independientes, realizadas sin ningún tipo de autorización administrativa. Los técnicos también han constatado la existencia de movimientos de tierra, perforaciones para la extracción de agua y anuncios de venta de parcelas, indicios que apuntan a un proceso activo de comercialización de los terrenos.

Según advierte la Dirección General de Urbanismo, de consolidarse estas actuaciones se estaría configurando una urbanización residencial clandestina en una zona especialmente protegida por su elevada productividad agrícola, una situación incompatible con la legislación urbanística y medioambiental vigente.

Ante estos hechos, la Administración autonómica ya ha iniciado los correspondientes expedientes de restablecimiento de la legalidad y los procedimientos sancionadores oportunos para frenar cualquier intento de desarrollo urbanístico irregular.

La actuación de Chinchón se suma a otras llevadas a cabo en el marco del actual Plan de Inspección y Disciplina Urbanística. Desde su puesta en marcha, la Comunidad de Madrid ha ejecutado 13 derribos de construcciones ilegales en menos de un año, de los cuales tres fueron realizados de forma subsidiaria por la propia Administración y diez de manera voluntaria por sus propietarios.

Además, el balance del plan incluye 173 inspecciones urbanísticas, 66 expedientes de disciplina urbanística, 65 procedimientos sancionadores, 83 requerimientos de información y más de 300 diligencias previas, cifras que reflejan el incremento de la vigilancia sobre las infracciones urbanísticas en suelo protegido.