El caso de Paco Salazar y las denuncias de acoso sexual han golpeado al PSOE y al Ejecutivo en la última sesión de control del pleno del Congreso, donde el PP ha puesto en cuestión el feminismo de los socialistas mientras, en los pasillos, los aliados del Gobierno exigían contundencia y claridad.

Tras esperar 19 días para conocer la sentencia al ya ex fiscal general del Estado, la histórica condena ha pasado a segundo plano ante las denuncias de acoso sexual registradas en el PSOE, a las que este miércoles se ha sumado una presentada contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, publica EFE. 

En su último cara a cara del año, el líder el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber aprendido "en los prostíbulos" todo lo que sabe sobre feminismo y le ha preguntado qué atributos vio en Santos Cerdán, José Luis Ábalos o Paco Salazar para convertirles en sus hombres de confianza.

Los eligió, a su juicio, porque están hechos "a su imagen y semejanza" y no es "mejor que ellos", sino "uno de ellos".

Sánchez ha repetido el mensaje que ya lanzó este martes, y es que el feminismo da lecciones a todo el mundo, y a él el primero. La gran diferencia entre el PSOE y el PP, ha recalcado, es que mientras los socialistas asumen sus errores y actúan en consecuencia, los populares se abrazan "al error histórico que se llama Vox".

Los populares han elevado el tono para describir al PSOE como la "cámara de los horrores del machismo más rancio" y apuntar a un Gobierno en el que creen que el acoso es "estructural", un "código de conducta", y han reprochado la ausencia en el pleno de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que han esquivado así sus preguntas.

Frente a ellos, los ministros y dirigentes socialistas interpelados han reivindicado sus políticas feministas y han restado legitimidad a las críticas de los populares, a quienes han recordado también su inacción ante presuntos casos de acoso que afectan a los alcaldes de Algeciras o Estepona, o lo que ocurrió en el caso Nevenka, recoge EFE. 

"El mayor riesgo para la democracia en España es que el PP sea el siervo de Vox; nosotros, el dique", ha subrayado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien ha admitido que los casos que están saliendo a la luz son "repugnantes".

En los pasillos del Congreso, sus socios no ocultaban su incomodidad y su incomprensión ante las primeras respuestas de los socialistas.

"Nadie entiende lo que está haciendo el PSOE" y "sobre todo, lo que hizo Moncloa con Salazar", señalaba el portavoz de ERC, Gabriel Rufián; El PSOE, ratificaba la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, debería ser "mucho más claro y mucho más contundente" en la gestión de estos casos.

De los precios de los alimentos, al fiscal general

Desde el bando aliado, Gabriel Rufián ha pedido al Gobierno rebajar ese optimismo y poner el foco en los problemas de los ciudadanos: "¿De qué sirve un país que va como un tiro en lo macro si a la gente no le da, si a la gente no le llega", ha preguntado a Sánchez.

El portavoz de ERC le ha instado a sacar la comida del "mercado especulativo" y ha planteado incluso poner en marcha distribuidoras públicas de alimentación, recetas parecidas a las que ha exigido la líder de Podemos, Ione Belarra, a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

No ha sido hasta su quinta pregunta que el PP, por boca de su secretario general, Miguel Tellado, ha echado en cara al Gobierno la sentencia del ya exfiscal general Álvaro García Ortiz, "condenado inhabilitado y fulminado" con una resolución "demoledora" del Supremo.

Tellado ha criticado que Sánchez ataque al tribunal y defienda al condenado, pero el titular de la cartera de Justicia, Félix Bolaños, ha afirmado que, tras leer la sentencia, "las dudas que tenía se mantienen", ya que cabía una interpretación más favorable al principio de presunción de inocencia y más ajustada a la prueba que se practicó en el juicio.

Con todos los puentes rotos, el ministro ha emplazado al PP a reunirse para negociar la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que el 17 de diciembre cumplen su mandato, publica EFE.