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Sanz Merino reclama al Gobierno el traspaso de competencias en aeródromos y aeropuertos no comerciales
El consejero de Movilidad exige la aprobación del Real Decreto y la convocatoria de la Comisión Mixta para formalizar la transferencia a Castilla y León
El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, reclamó hoy al Gobierno de España la aprobación del Real Decreto de Traspasos que permita a Castilla y León asumir las competencias en aeropuertos y aeródromos no comerciales, tal y como contempla la Constitución.
Durante su comparecencia en la Diputación de Soria, junto al presidente Benito Serrano, Sanz Merino recordó que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ya planteó esta transferencia, que considera "muy positiva" ante el previsible aumento de la flota de helicópteros destinados a la extinción de incendios forestales y al uso sanitario.
"El traspaso de competencias y servicios está regulado constitucionalmente y debe hacerse mediante un real decreto. No es una opinión: en el caso de Aragón ya se ha hecho", señaló el consejero, quien explicó que su departamento ha solicitado la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias para elevar la propuesta al Consejo de Ministros.
Sanz Merino afirmó que la Abogacía del Estado del Ministerio de Transportes y Movilidad elaboró un informe en el que reconoce que la competencia corresponde a la comunidad autónoma, pero lamentó que "no se haya instrumentado jurídicamente cómo debe hacerse el traspaso".
"Hemos hecho reclamaciones reiteradas, y me consta que también la propia Diputación, que necesita permiso para ampliar el aeródromo de Garray, pero no hemos obtenido respuesta", subrayó.
El consejero precisó que la Secretaría General de la Consejería de Movilidad actúa como interlocutora con la AESA, y ha reclamado "que mientras se tramita el proceso de traspaso, se atienda la petición de la Diputación para autorizar el aeródromo de Garray".
Por último, Sanz Merino destacó que la Junta está lista para asumir la competencia, ya que "no implica un traspaso complejo de medios ni de personal, sino un proceso relativamente simple", insistiendo en que el Gobierno debe activar el mecanismo jurídico que lo haga posible.
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