La Comunidad de Madrid ha formalizado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la Ley de Eficiencia de la Justicia, coincidiendo con la puesta en marcha de los primeros tribunales de instancia previstos en la normativa.

Así lo anunció el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante una visita a la nueva aula de formación destinada a los funcionarios de la Administración de Justicia. El consejero destacó que la Comunidad madrileña no se considera una administración "insumisa" y que, en cumplimiento estricto de la ley, ha activado hoy los primeros tribunales de instancia en 14 de los 21 partidos judiciales, además de 126 oficinas de Justicia, antiguamente denominadas juzgados de Paz.

Sin embargo, García Martín criticó que la reforma se ha implementado "sin contar con el Poder Judicial ni con las comunidades autónomas", y sin que se haya facilitado la financiación ni el tiempo necesario para su correcta aplicación. La Comunidad de Madrid reclama que, "por el principio de lealtad institucional", el Estado establezca mecanismos para evaluar el coste real derivado de la aplicación de estas medidas legislativas.

El Ejecutivo regional estima que la implantación de la ley supondrá un gasto de 43 millones de euros en su primer año, de los cuales cerca de la mitad corresponden a costes estructurales. Por ello, exige al Gobierno central que valore estos costes y habilite los instrumentos necesarios para compensar económicamente a las comunidades autónomas afectadas.

Pese a esta reclamación, el Gobierno autonómico reconoce que, a largo plazo, la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia supondrá un ahorro estimado de 47 millones de euros para la Comunidad de Madrid en los próximos diez años.